A. A los pertenencias de este Tratado el demarcación de cada una de las Partes Contratantes comprenderá todo el comarca, el espacio etéreo y las aguas territoriales sometidas a su jurisdicción, así como los buques y aeronaves matriculados en ella cuando se encuentren en planeo o en entrada mar en el momento de cometerse el delito.
La decisión de conceder o no la extradición en Paraguay la toma el Ministerio de Justicia, en cojín a la documentación y pruebas presentadas por el país solicitante y a las leyes y tratados internacionales aplicables.
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Estos son los países del continente africano con los que España no tiene convenios de extradición:
El proceso de extradición comienza cuando un país solicita la entrega de un individuo a otro país. Esta solicitud debe estar respaldada por pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad del individuo y la browse this site existencia de un delito punible en ambos países.
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Sin embargo, dicha puesta en autodeterminación no impedirá que la Parte Requirente pueda acudir otra demanda con respecto al mismo delito o see this website a cualquier otro.
No existe una norma que de modo Caudillo resuelva esta cuestión, por lo que debemos de personarse a la jurisprudencia y a su aplicación a cada caso concreto.
La persona solicitada debe ser trasladada a un lugar designado por el Estado receptor para ser entregada al Estado blog here solicitante. Una tiempo que la persona solicitada ha sido entregada, el Estado receptor debe informar al Estado solicitante de la entrega.
Esta solicitud debe estar acompañada de los documentos que justifiquen la existencia del delito, la identidad de la persona buscada y la pena que se le impondría en caso de ser condenada.
El exlíder del Cartel de Sinaloa enfrenta cargos por conspirar supuestamente para el trasiego de cocaína, metanfetaminas y hierba
Solicitud de actos de interrogatorio de parte en otro país de la Unión Europea por videoconferencia
E. Si se suscitase alguna duda sobre la identidad de la persona objeto de la extradición, deberán enviarse los instrumentos de prueba que demuestren que la persona reclamada es la misma a la que se refiere la orden de detención o la sentencia.